La jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central de la República Argentina como posibles “Alter Ego de la República Argentina”. Esta decisión ordena al Gobierno Argentino a producir información de los últimos dos años para probar la relación entre estas entidades y el Estado. El objetivo es embargar activos locales de YPF y del Banco Central ante la posibilidad de que el Estado argentino no cumpla con la sentencia del tribunal y no pueda pagar los 16.100 millones por la nacionalización de YPF durante el mandato de Cristina Kirchner
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