Los implicados fueron condenados el pasado jueves a nueve años de prisión al excluir la existencia de intimidación, es lo que ha ocasionado "desconcierto" y un "importante rechazo social". Y ello "abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica". En su opinión, la causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos estereotipos ligados al género que, igual que afectan a la sociedad, también atraviesan la forma en que se aplican las normas jurídicas.
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