Reclama también a este medio las actas falsificadas por las que se convalidaron tres asignaturas a la expresidenta madrileña. La titular del juzgado número 51 de Madrid investiga un delito de falsedad en documento público castigado con hasta seis años de cárcel. Lo ilegal no es ese método, habitual en la Universidad, sino que la reunión de la comisión de Garantía de Calidad donde supuestamente se aprobaron esas convalidaciones nunca existió y que las actas que así lo registraron, que también cuentan con membrete y sello oficial del Instituto de
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