Un juzgado de lo contencioso-administrativo falla que la investigación en el Centro de Formación Continuada quebró derechos fundamentales y no se ajustó a derecho. El Rectorado contrató la auditoría tras el caso máster de Cifuentes porque, aseguró, el centro compartía trabajadores con el instituto donde se matriculó la política. La sentencia describe que la empresa encargada se hizo con ordenadores y documentación personales..
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