La decisión tomada ahora por la titular del Juzgado nº 41 de Madrid de considerar la causa como de “especial complejidad” permitirá a la magistrada Aguirre de la Cuesta disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en lugar de los seis meses que precisa la Ley como plazo máximo para investigar una causa, todo en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas. Esta decisión da una idea de la magnitud y dimensión de la trama de la supuesta corrupción.
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