El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso 'Lezo', Manuel García-Castellón, considera que los fondos públicos desviados en la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II, que autorizó un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, de la empresa colombiana Inassa, superan los 20 millones de euros, según consta en un auto de 11 de enero al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.
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