(...) Casi una semana después de que el Tribunal Supremo dictase sentencias de hasta 13 años de prisión contra los líderes políticos y activistas cívicos por la independencia, la situación está lejos de esos incendiarios titulares que calientan una campaña electoral ya rociada de gasolina. La indignación existe. Y es que la sentencia sienta una peligrosa jurisprudencia de considerar sedición toda resistencia pacífica a la autoridad, una flagrante vulneración del derecho democrático de protesta.
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