Javier Aguayo no formaba parte de la sección quinta del TSJC, que era la que deliberaba sobre la demanda del gobierno español contra la Generalitat por imponer más castellano a la escuela. Pero esa normativa interna se lo permitía. Se alteraron las normas de reparto de los casos entre los jueces, cuestión fundamental para respetar el derecho fundamental al juez predeterminado. Según estas normas, un juez nunca puede elegir qué caso conocerá; las normas de reparto deben respetar el carácter aleatorio, y el hecho de que Aguayo tomara parte
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