En los diez folios de alegaciones entregados, los diputados argumentan que “cabría no aceptar la declaración si se encuentra viciada de derecho, que no lo está, o incurriera en fraude de ley, que no incurre, pero en ningún caso aplicar una suerte de legalidad preventiva infundada y solo posible en el futuro”. Una decisión “sin precedentes” en el Congreso que “adolece de forma flagrante de motivación, requerida tanto legal como jurisprudencialmente”. La Mesa tendrá que pronunciarse el próximo martes.
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