Los inversores no residentes controlaban a finales de junio un 53,09 por ciento de la deuda pública española en circulación, según datos publicados el miércoles por la Secretaría General del Tesoro. Los bancos españoles controlan un 25 por ciento de la cartera de deuda anotada no segregada, mientras que la participación de inversores particulares se reduce al 0,77 por ciento.
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