Mantener o no el régimen de excepción para eliminar el flagelo de las pandillas es una interrogante creciente y que provoca diversas interpretaciones en El Salvador. La medida suspende varias garantías constitucionales que afectan el debido proceso pero es algo que presuntamente permitió atajar un problema que fue incontrolable por muchos años en el país y que amenazó vidas y haciendas, estiman comentaristas internacionales y locales.
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