La ley de 2010 enconmienda a la Alta Inspección la tarea de velar por que "se garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos" por el sistema sanitario en lo relativo a las interrupciones voluntarias del embarazo.Sanidad argumenta que su inspección es una "competencia estatal de vigilancia" pero no funciona como "un control genérico e indeterminado". Bibiana Aído, entonces ministra de Igualdad, señalaba en 2009 que la Alta Inspección garantizaría "el cumplimiento efectivo del derecho" al aborto.
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