Varias comunidades indígenas amazónicas han presentado una demanda contra el gigante francés grupo Casino, al que acusan de no haber impedido la deforestación de sus tierras y violaciones de derechos humanos. Se basan en la ley de “diligencia debida” aprobada en Francia en 2017. Esta normativa obliga a las empresas de más de 5.000 empleados a garantizar que “tanto sus filiales como las subcontratas” no causan “violaciones graves contra los derechos humanos y libertades fundamentales, contra la salud y seguridad de las personas".
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