En líneas generales, las nuevas enmiendas buscan endurecer los delitos contra los derechos de los trabajadores, garantizar la protesta pacífica y castigar el desvío de fondos presupuestarios a otros fines. Para ello han acordado reformar el artículo 311 del Código Penal, con el objetivo de poder actuar contra las empresas que incumplan la normativa de forma reiterada.
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