El mencionado decreto-ley reconocía un valor neto de la inversión de 1.350 millones y estipulaba que se le abonara dicha suma a Escal y a ACS. Las ayudas de Estado están prohibidas por ser contrarias a la libre competencia y competitividad empresarial». El Tribunal Constitucional declaró la nulidad de distintos artículos de ese decreto, lo que provocó la paralización de los pagos. Por ello, los denunciantes solicitan ante la Fiscalía que "ejercite ante el Tribunal de Cuentas la acción de responsabilidad contable".
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