Un encargado eclesiástico ha asegurado que la especie y sus nidos, cuya mayor población se sitúa en Castilla y León, se han convertido en un "grave problema de conservación". Estas estructuras están protegidas por la ley y solo pueden quitarse si provocan "efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas" y siempre que no haya otra solución.
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