La Administración Pública toma como referencia desde años datos e informes de portales como Idealista para elaborar sus propias estadísticas. Los críticos con este sistema denuncian el monopolio de la información inmobiliaria, la distorsión de los precios y una ausencia de rigor en la tasación de los inmuebles. “Al final, son parte interesada”, afirma Inés Sabaté, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona.
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