Los y las candidatas abajo firmantes reconocemos la capacidad de incidencia y la parte de responsabilidad -por acción o por omisión- que tienen los gobiernos municipales y el conjunto de administraciones públicas con la precariedad laboral en nuestras ciudades. Entre otros, los procesos de licitación y contratación pública de bienes y servicios generan un gran volumen de actividad económica y contratos millonarios con empresas privadas.
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