La introducción de la prisión permanente en la reforma del código penal de 2015 suscitó una fuerte controversia sobre la constitucionalidad y la oportunidad de dicha pena máxima. Los partidos que conforman la actual mayoría parlamentaria llevaron como promesa electoral su derogación, y no parece que en esto se estén dando mucha prisa, acaso porque haya dudas sobre su rentabilidad política: no será, desde luego, por evaluación de coste económico ni por complejidad técnica. Pero dejando a un lado el gran debate sobre si merece la pena y queremos
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