El abogado que ha llevado el caso explicó que el recurso promovido por la Administración del Estado fue en interés de ley y la decisión del Tribunal Supremo fija una doctrina de interpretación que tiene carácter vinculante para toda España. Señaló que lo que viene a decir el tribunal es que un valor fiscal o administrativo de un terreno no puede ser superior al real de mercado. La sentencia no es recurrible. Lo que no está claro, según este abogado, es si su aplicación es retroactiva.
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