A partir del 1 de enero de 2016 gestionar y financiar desde el Ayuntamiento (desde cualquier ayuntamiento) la atención a las personas mayores, así como a aquellas en riesgo de exclusión social o en emergencia no será legal. La competencia pasa a la Comunidad de Madrid, que podrá delegar en el Ayuntamiento la prestación del servicio pero no su financiación.
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