El ataque a un centro de acogida en Torredembarra, Tarragona, el cuarto en Catalunya en los últimos tres años, la agresión a dos menores por parte de un grupo de manifestantes, y la persecución a personas migradas que vivían ocupando pone de manifiesto la vulnerabilidad de este colectivo, la tangibilidad del discurso del odio, las tensiones vecinales y la problemática de expulsarlos de los centros cuando cumplen 18 años sin ofrecer alternativas habitacionales dignas y sin facilitar el permiso de trabajo.
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