La proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda que este jueves registrarán en el Congreso Unidas Podemos y otros ocho partidos de izquierdas propone sanciones de hasta 900.000 euros por no aplicar en los contratos de alquiler de vivienda de zonas tensionadas los límites en el precio que se establezcan.
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