El coste de la vivienda, pese a ser un elemento básico para la reproducción de la propia vida y estar reconocido formalmente como un derecho en el ordenamiento jurídico español, ha alcanzado niveles inasumibles para cada vez más sectores de la clase obrera y el pueblo trabajador, especialmente en grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao. La propuesta comunista es clara y radicalmente diferente: si el derecho a la vivienda digna es incompatible con que la vivienda sea una mercancía, la vivienda debe dejar de ser una mercancía.
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