Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado que algunas industrias del vino están obligando a los viticultores a firmar los contratos aceptando unos costes de producción que no son reales "bajo la amenaza de no comprarles la uva, a pesar de que exista una ley que les debería amparar". La Ley de la Cadena Alimentaria establece que los contratos alimentarios, además de la obligatoriedad de reflejar el precio de todos los pagos, deberán contener que el precio pactado entre el productor y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción.
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