Los agentes concluyen que la exconsejera de Educación en la Comunidad de Madrid conocía y ordenaba las adjudicaciones fraudulentas al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para obtener un "posicionamiento personal favorable en redes y desprestigiar otras opciones políticas" con dinero público, gracias a "medios de cuestionable honradez personal y política".
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