El pasado 22 de marzo de 2010, el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, terminaba de hacerse con el control del PSOE-A y el Gobierno que había heredado de Manuel Chaves, y anunciaba una remodelación en su gabinete. Saldría el consejero de Empleo, Antonio Fernández, a quien dos años más tarde la jueza Mercedes Alaya enviaría a prisión y que hoy está imputado por prevaricación y malversación en el caso ERE.
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