España afronta un nueva avalancha de quiebras con la sospechosa elección a dedo de los administradores concursales, que llegan a cobrar millones de euros por la gestión de empresas arruinadas. Tres de los casos más representativos de una realidad que se reveló tras la crisis de 2008. España pasó en un par de años de tener apenas un par de centenares de concursos de acreedores, de empresas en quiebra, a dispararse la cifra hasta los casi 10.000 de los años 2012 y 2013.
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