La resolución autonómica reclamada determina que el Gobierno de Díaz Ayuso debe pagar al fondo 107 millones de euros por la nulidad de la venta de vivienda pública, cuando Goldman Sachs reclamaba hasta 198.De esos 3.000 pisos sociales que se enajenaron, la justicia determinó que únicamente se debían devolver 1.700 a la Comunidad porque el resto ya no pertenecían al fondo. Para poner fin a esa operación, Encasa Cibeles elaboró dos escenarios uno en el que solicitaba una indemnización de 198 millones de euros y otro en el que reclamaba 175
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