El Gobierno trata de evitar el fin de la concesión de la AP-9 alegando ante la Comisión Europea que la ampliación hasta el 2048 se hizo en favor de una empresa pública

Ante la segunda amenaza de Bruselas de sancionar y anular la extensión del contrato por no haberlo sacado a concurso, Transportes alega el perjuicio económico de romper la prórroga, no compartir la decisión tomada por José María Aznar y estar rebajando ya sus peajes