En los últimos meses, el Ejecutivo ha llevado a juicio todas las resoluciones que le obligaban a dar información. Incluso en casos en los que esos datos se han dado en otras ocasiones o cuando ya se ha respondido a la pregunta. Por defecto, recurren las resoluciones del Consejo de Transparencia y las decisiones judiciales que les obligan a ser más transparentes. O no las ejecutan.
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