El Ejecutivo estima que un 60% de los 430.000 MW no tiene proyecto detrás, es decir, que solo quiere el permiso de acceso para luego especular con él, lo que, en último término, acabaría encareciendo el recibo de la luz. La nueva norma establece hitos de ejecución para los proyectos (técnicos y con plazos), hitos que, si no son cumplidos, expulsan al infractor de la carrera por el acceso. El Gobierno espera acabar así con los especuladores y su burbuja.
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