La producción se sitúa en el entorno del 70% del que había antes de la crisis. El Gobierno ha limitado al máximo las compensaciones que dará a las empresas que ejecutan contratos públicos. Para los proyectos suspendidos el Ejecutivo ha establecido una serie de indemnizaciones, pero para aquellos que han podido continuar con alteraciones por las medidas generales adoptadas por el estado de alarma, "los inconvenientes o perjuicios que se deriven de ellos para la empresa contratista no son resarcibles por la Administración contratante".
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