En los CIE de España no hay asistencia sanitaria permanente, ni se ha marcado la diferencia entre el ámbito policial, como establece el reglamento. Tampoco se aplican muchas de las sentencias de los jueces encargados de la vigilancia de los centros, como la que obliga a avisar con antelación de las deportaciones, ni han llegado los 5,56 millones de euros que el gobierno había prometido
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