El Gobierno de Nicaragua solicitó la ilegalización de 24 oenegés, la mayoría asociaciones médicas críticas con la gestión de la pandemia de la Covid-19. La propuesta establece que los bienes y activos de esas entidades tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo. "Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado". La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, acusó de ser "falsos médicos con falsos pronósticos" a los galenos que criticaban la gestión de su esposo Daniel Ortega
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