La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha abierto diligencias para determinar si esta práctica -con la que se disuelve el granizo para evitar daños en la agricultura- incumple la legalidad, dado que solo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico puede realizar este tipo de operaciones o autorizar a empresas o particulares. Resulta más caro pagar un seguro agrario, que incrementa además su prima cuando hay que indemnizar por daños de una granizada, que recurrir a estas explosiones que alejan el peligro que viene del cielo.
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