Se trata del "compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo" y no a pérdidas. Sigue siendo el principal punto de reclamación de los huelguistas. La medida es en realidad una exigencia histórica del sector y lo que hace el Gobierno ahora es comprometerse a aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, reequilibrando así las asimetrías.
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