El Gobierno se prepara ya para las consecuencias institucionales de los pactos anti-PP de los partidos de izquierdas para hacerse con el poder en la mayoría de las comunidades autónomas después del 24-M. Los compromisos programáticos del PSOE con Podemos, Compromís y demás fuerzas nacionalistas locales auguran recursos de inconstitucionalidad y la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria frente a la pretensiones de los nuevos gobiernos regionales de crear agencias tributarias propias y “bancos públicos”
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