El Gobierno ha troceado durante años el presupuesto de la lucha contra el dopaje deportivo de manera que decenas contratos pudieron ser adjudicados de forma directa, sin publicidad ni concurso. Entre las materias afectadas están desde el material para realizar las pruebas, el transporte de muestras, los servicios jurídicos o la realización de los análisis adjudicados por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), que cuelga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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