El Gobierno de Estados Unidos aboga por convertir en permanente la ley que permite la recopilación de comunicaciones digitales de ciudadanos de otros países realizadas desde el extranjero mediante teléfonos o servidores estadounidenses. La norma, que cuenta con una cláusula de revisión cada cinco años que permite reconsiderar su aplicación e impacto en la privacidad y las libertades civiles, ha sido criticada por organizaciones que consideran que viola el derecho a la privacidad y porque permite registrar datos sin una orden judicial.
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