El Ejecutivo de Rajoy utilizó una normativa inconstitucional para impedir que los ex reclusos tuviesen acceso a las ayudas garantizadas por ley. En algunas semanas, los juzgados de Bilbao deberán pronunciarse sobre una denuncia por “prevaricación” formulada por el sindicato LAB contra el Servicio Público de Empleo.
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