El gobierno declara que la Fundación Francisco Franco goza de presunción de legalidad, que su medida de actuación irá en torno a vigilar que no cometan ninguna infracción. Todo esto es lo que declara un Gobierno que se autodefine como “progresista” y que hasta hace poco, estando en la oposición, exigía la misma ilegalización que hoy trata de evitar, todo esto después de que la Eurocámara reclamase ilegalizar las organizaciones que glorifiquen el nazismo o el fascismo, entre las que se encuentra la susodicha fundación.
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