Las legislaciones española y europea obligan a las administraciones a anunciar las licitaciones. La mayoría de ellas no ha publicado ni un solo contrato desde la entrada en vigor del estado de alarma. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) habla de contrataciones en emergencia, agilizando todos los trámites necesarios. Pero también obliga a publicar los datos en un plazo máximo de 15 días. Incluso en tiempos de pandemia.
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