La residencia de Priego fue construida con inversión pública y debe ser gestionada y dirigida directamente por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla la Mancha. Sabemos por experiencias ya vividas que un servicio público externalizado supone un mayor gasto para las arcas públicas, una merma de la calidad del servicio, la pérdida de empleo público y una precarización del empleo privado. Se trata de garantizar el empleo público y para que la calidad asistencial prime sobre la cuenta de beneficios de cualquier empresa privada
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