El Gobierno de Canarias ha dictado en esta legislatura seis sanciones contra los dueños de apartamentos de complejos turísticos que no quieren alquilarlos, sino usarlos como su casa o segunda residencia, las seis primeras de un conflicto legal derivado de la Ley Turística, que obliga desde 2013 a dedicar esos inmuebles al uso turístico establecido por el planeamiento, por más que el afectado invoque su derecho a la propiedad para intentar darle un uso residencial.
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