España acumula un retraso significativo en el cumplimiento de los objetivos de implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. El despliegue se ha visto frenado por las trabas burocráticas, que propician que en la actualidad estén bloqueadas alrededor de 200 solicitudes de instalación de electrolineras en la red estatal de carreteras.
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