La respuesta del Gobierno le llegó a finales de septiembre, y en ella se explica que no les compete a ellos, sino al poder judicial la extinción de una fundación cuando concurran las causas pertinentes. El Gobierno manifiesta que mientras una fundación sea legal, esas 847 personas están en su derecho de acogerse a las ventajas y beneficios que el ordenamiento les otorga.
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