El caso de Ramón C. P., el ujier del parlamento valenciano acusado de matar a su hijo drogadicto, ha dado un giro de 180 grados. Todo apuntaba a un homicidio. Redujo al joven poniendo las rodillas sobre su pecho, y los investigadores contemplaban la asfixia como la principal hipótesis. El contexto también inducía a culparle. No avisó al 112, y envió a su mujer un truculento mensaje tras su muerte: "todo arreglado". Pero nada era lo que parecía. Murió de sobredosis, y el caso ha acabado archivado.
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