Multas de entre 2.001 y 10.000 euros o pérdida de suvenciones y ayudas públicas son las sanciones que prevé imponer la Generalitat a aquellas instituciones, también de carácter privado pero "con proyección a un espacio o uso público", que mantengan simbología franquista. Lo recogerá de este modo la futura Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia que está redactando el Consell de PSPV y Compromís, y afectará tanto a la Iglesia, que tendrá que retirar reminiscencias franquistas de sus espacios, como también a los propietarios de edificios
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