La Generalitat de Catalunya demandará a la empresa Cegos, encargada de gestionar el fiasco de las oposiciones del pasado 29 de abril, y le reclamará un millón de euros en concepto de indemnización por el daño reputacional causado y los perjuicios operativos que le supondrá a la administración catalana repetir los procesos. Más de 13.500 personas deberá repetir las pruebas convocadas para estabilizar personal interino.
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